“Cientos de supervisores estarán visitando las oficinas del Estado, ayuntamientos o instituciones descentralizadas para indagar, primero si en esas dependencias hay candidatos a puestos electivos laborando y segundo si están utilizando esos lugares para la colocación de propaganda política”, explicó el magistrado Rosario.
Liberó de la supervisión a aspirantes que ocupan puestos electivos, tal y como establece la Ley.
Dijo que el operativo será extendido a todo el período electoral y que el aspirante a senador, diputado, alcalde o regidor que coloque propaganda en locales o vehículos del Estado será denunciado como un violador de la ley.
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